Hasta el día 25 de noviembre (hecho insólito donde los haya) los catalanes continuarán manifestándose a través de una encuesta (porque de una encuesta, aunque sea sui generis, se trata) en torno a las preguntas formuladas con otra finalidad. Con ser importante la ilegalidad (por cierto por nadie declarada aún) o alegalidad de la cuestión planteada, más lo es el hecho de la falta de entendimiento entre los respectivos gobiernos. Y aunque es importante que dos millones de catalanes hayan optado por la independencia de Cataluña, también lo es que la mayoría de los catalanes no hayan participado en el proceso. Cada fuerza política interpretará, como sucede casi siempre, los resultados en función de sus intereses partidistas, que casi nunca coinciden con el interés general. Y es la defensa de este ultimo lo que nos lleva a plantear las siguientes hipótesis.
Todos los poderes públicos están constitucionalmente obligados a actuar en el marco de sus competencias. Todos deben vivir en Constitución, que es su norma jurídica suprema, lo cual debe suponer acatar y regirse por unos principios y normas entre los cuales la lealtad constitucional desempeña un papel fundamental. Ello impide, a mi juicio, plantear órdagos políticos en función de la interpretación de unos determinados resultados, que jurídicamente no pueden vincular a nadie. El actuar de esta forma no favorece los acuerdos y fomenta, por el contrario, el enfrentamiento, la confrontación y, a la postre, el hastío y la frustración de la ciudadanía. Por el contrario, hay que crear las condiciones jurídicas, políticas y democráticas necesarias para poder solucionar un problema político importante, que actualmente esta planteado con virulencia, pero también con una elevada dosis de irracionalidad y de encubrimiento de otras realidades. Ello es lo que exige la vigencia del principio democrático. Lo contrario, y perdónenme unos y otros, es, en el mejor de los casos, hacer el ridículo. Y creo, sinceramente, que estamos haciendo el ridículo ante Europa. ¿Se imaginan a un líder independentista escocés presidiendo una mesa electoral y procediendo al recuento de los votos?. Cada vez más, y con una velocidad alarmante, nos alejamos de las democracias occidentales y nos acercamos a países tercermundistas. Parece que Cataluña tiene menos diferencias estructurales con España de lo que aparentemente parece: hay el mismo grado de corrupción, los mismos recortes de derechos fundamentales, parecido comportamiento de las fuerzas políticas, idénticas bolsas de exclusión social, etc.….
Desde estos planteamientos, la Generalitat no puede sentirse eufórica, sino que debe propiciar las condiciones, jurídicas y políticas, necesarias para hacer valer sus legitimas aspiraciones. Y ello, sin órdagos, sino gobernando, pues los problemas de los catalanes tienen una dimensión mayor que la opción por la independencia (monotema donde los haya en Cataluña). Gobernar es prestar los servicios públicos que requiere nuestro Estado Social. Gobernar es utilizar adecuadamente los fondos públicos. Y gobernar es convocar elecciones, aunque la llamadas elecciones plebiscitarias sean un imposible jurídico y otra farsa política, a no ser que su finalidad sea dar por finiquitada la comisión de investigación sobre la corrupción del pujolismo. En efecto, un mismo acto (la convocatoria de elecciones autonómicas, que es lo único que legalmente es competencia del Presidente de la Generalitat) no puede convertirse a la vez en otro, es decir en un referéndum. Ni siquiera Cataluña puede modificar por sí sola el Estatuto de Autonomía y mucho menos otorgarse un nuevo marco jurídico. Aquel es un acto pactado con el Estado y este es simplemente ilegal. Por lo tanto, estamos ante una nueva ficción, inventada por los juristas persas al servicio de la Generalitat. Pero gobernar, sobretodo, es no engañar a la ciudadanía sobre las consecuencias sociales, políticas y económicas, que tendría una Cataluña independiente. La afirmación de que España nos roba es difícilmente creíble ante los casos de corrupción que afectan a numerosos dirigentes catalanes.
Pero también el Gobierno español tiene sus propias responsabilidades. No se puede jugar al juego de la avestruz para ocultar los problemas. La gravedad del problema político planteado es tal que requiere una importante dosis de imaginación política, pues las soluciones jurídicas siempre pueden encontrarse. La salida por la puerta de atrás ya no es posible. Hay que sentarse a hablar para encontrar una solución al caso catalán y también al futuro de nuestro modelo autonómico, cuestiones estas que se deberían haber realizado hace tiempo. La necesidad de una reforma constitucional, de un nuevo proceso constituyente, se impone con toda urgencia. El escudarse en planteamientos exclusivamente jurídicos no es sino una manifestación de una dejación de un deber constitucional, el deber de colaboración entre todos los poderes del Estado. Y ello lo debe capitanear, porque así le corresponde constitucionalmente, el Gobierno de la nación, que es el titular de la función de dirección política. De lo contrario, dejará de ser un auténtico gobierno para convertirse un mero gestor, por cierto con muchas deficiencias, de los asuntos públicos. Hace tiempo que me estoy haciendo la siguiente pregunta: ¿Por qué la clase política que hizo la transición estuvo, unos mas que otros, a la altura de las circunstancias y hoy, una clase política teóricamente mejor formada, no lo está?.
Y finalmente, también la ciudadanía tenemos nuestra propia responsabilidad. Con la crisis económica el pueblo español ha dado más que suficientes pruebas de madurez, soportando recortes y restricciones en el ejercicio de sus derechos fundamentales, mientras buena parte de la clase política, empresarial y sindical (eso si, unos mas que otros) se convertían en auténticos corruptos y delincuentes. Por ello, y por otras razones, pueden y deben exigir a sus representantes que lo hagan de verdad, que no mientan y que afronten los problemas con realismo. Si estos no lo hacen, y me temo que así sea, la llamada sociedad civil deberá “armarse”, intelectualmente hablando, y propugnar ella misma, naturalmente por métodos democráticos, un auténtico proceso constituyente y una sustitución de sus actuales dirigentes políticos por otros (si es que estos existen).
Me temo que hay pocas razones para el optimismo. Y tampoco creo que los procesos electorales del año que vienen nos proporcionen la solución adecuada. Es mas, creo que pueden complicarla aun mas, si es que ello es posible. Por eso, a mi juicio, no podemos esperar unos meses o un año. Hay que hacerlo ahora. Las soluciones (también las de carácter económico, que son las mas importantes) se deben adoptar ya, con cambios estructurales en los comportamientos políticos de nuestros dirigentes y con una mayor exigencia por parte de la sociedad civil. La ciudadanía hemos soportado con estoicismo cuestiones tales como la abdicación del Rey; la extensión de la corrupción a la mayoría de las fuerzas políticas, sindicales y empresariales y a buena parte de nuestras entidades territoriales; la crisis de buena parte de nuestras instituciones; la ineficacia del modelo de descentralización política; estamos sufriendo el paro de millones de conciudadanos, al aumento de las bolsas de exclusión social e incluso a una alarmante desnutrición infantil; a una descomposición de nuestro sistema de partidos; y un larguísimo etcétera. ¿Qué más quieren para ponerse a trabajar?.
Enrique Álvarez Conde
Catedrático de Derecho Constitucional
Enrique Álvarez Conde
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